Continúa la incertidumbre sobre los bienes incautados que están a cargo del Estado.

 Al término de una Actuación Especial adelantada por la Contraloría General de la República se determinó que, luego de un año de administración del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado Frisco, por parte de la Sociedad de Activos Especiales SAE, sólo se conoce el 26% de los bienes inmuebles con medida cautelar o extinguidos.

Esta indefinición genera excesivos costo de mantenimiento, pues en muchos casos los depositarios no rinden cuentas ni la entidad evalúa las que son sometidas a su consideración.

De otra parte, para el Estado continúa representando un alto costo el sostenimiento y mantenimiento de los bienes improductivos u obsoletos incautados y extinguidos, sobre los cuales no se toman medidas de administración definitivas.

La Contraloría auditó la entrega de inventarios de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes DNE a su nueva administradora (la SAE) y estableció que no se ha logrado un levantamiento final de inventarios.

Se verificó que la entrega de los activos del Frisco, no correspondió a una entrega real y material de los bienes muebles e inmuebles, que incluyera una descripción del estado de cada uno de los negocios y su manejo operacional.

Por el contrario, se trató de una entrega que no cumplió con lo que ordena la normatividad archivística y donde no se verificó el inventario transferido.

El proceso se limitó a la recepción de documentos y folios de matrícula inmobiliaria, a través de los aplicativos Matrix y Faro.

En estas condiciones de entrega de los bienes incautados, la CGR evidenció situaciones como las siguientes:

-Bienes no ubicados, entregas no materializadas y bienes aún sin identificar.

-Bienes sobre los que no se ha podido determinar si tienen medida cautelar registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

-Bienes incautados que se encuentran en destinación provisional y que no fueron relacionados en las actas de entrega de inventarios.

-Depositarios con un gran número de bienes a cargo y que no rinden cuentas de su administración, o eventos en los que las productividades de los bienes a su cargo nunca no cubren los gastos de su gestión.

-Depositarios que a pesar de su deficiente o incluso irregular desempeño, no han sido removidos ni recuperados los bienes a su cargo.

-Inmobiliarias que en ejercicio del rol de depositarias, desconocen la totalidad de bienes a su cargo.

-Bienes a favor del Frisco y semovientes que no fueron relacionados en las actas de entrega y bienes que fueron vendidos o en proceso de venta por la DNE En Liquidación y que no fueron entregados.

-Ocupación no legalizada de bienes inmuebles.

-Incertidumbre contable que implicó imprecisión de los saldos de algunas cuentas para su traspaso a las cuentas bancarias del Frisco.

La auditoría adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad determinó que la Liquidadora no tenía pleno conocimiento del universo de bienes muebles e inmuebles que conforman el Fondo, ni de la ubicación o estado físico de cada uno de ellos.

Este hecho generaba incertidumbre sobre el saldo reportado en el Balance Frisco, con corte a 31 de diciembre de 2014.

Al examinar la información recibida se observó que muchos registros antiguos del sistema Matrix son incompletos, algunos contienen información imprecisa o desactualizada e incluso hay algunos duplicados.

Así mismo, no todos los bienes con extinción de dominio o incautados se encuentran registrados en el sistema.

 En virtud a que la transferencia fue únicamente documental, se ha hecho  necesario realizar labores de depuración de la información, lo que conlleva realizar visita a los inmuebles administrados.

El nivel de avance en esta tarea es discreto frente al volumen de bienes que se requiere verificar para validar la información recibida.